Entrevista a Ana Enamorado, madre hondureña y activista de la Red Regional de Familias Migrantes.
Hace unos dias, durante la habitual conferencia de prensa matutina, el gobierno encabezado por López Obrador presentó el censo de personas desaparecidas publicado en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). La presentación ha despertado una fuerte polémica en el país porque, a pesar de que el problema de las desapariciones forzadas es muy grave y está fuera de control desde hace al menos diez años, según los datos presentados, se confirma la desaparición forzada de solo 12377 personas, en comparación con las 110964 presentes en el Registro Nacional.
Para entender el "juego de manos" del gobierno, es necesario ahondar en los datos presentados. En mayo pasado, el gobierno inició la llamada "estrategia nacional de búsqueda generalizada de persona desaparecida", un censo que, según dicen las autoridades, se realizó casa por casa con el objetivo de hacer un censo de todas las denuncias de personas desaparecidas. Tras unos meses de trabajo, estos son los resultados obtenidos: de las 110964 personas inscritas en el registro de personas desaparecidas, 16681 (15%) han sido localizadas con evidencia de estar vivas; 17843 (16%) están presentes en el registro pero no hay evidencia de su presencia en vida; para 26090 (24%) personas no hay datos suficientes para la identificación (pero sí para seguir buscándolos); para 36022 (32%), no hay datos para continuar la búsqueda; 1951 (2%) serían duplicados en el registro y finalmente 12377 serían las personas cuya desaparición es confirmada por las autoridades.
Al presentar los datos, el gobierno destacó el hecho de que actualmente solo hay 12.377 personas desaparecidas, lo que desató la ira de familiares, activistas y organizaciones de derechos humanos a pesar de la confirmación de que no se eliminará ningún nombre del registro. La controversia, sin embargo, no es solo sobre la presentación de los datos, sino también sobre las formas poco claras e inexplicables en que se recopilaron estos datos.
Paralelamente a esta presentación, el gobierno también atacó el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, en particular el Centro Prodh que, entre otras cosas, sigue el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. Las acusaciones son de estar influenciados por actores políticos de oposición y, en el caso de Ayotzinapa, de defender tanto a los jóvenes como a los detenidos que fueron torturados. A las acusaciones, presentadas sin pruebas, el Centro Prodh respondió con un largo comunicado en el que precisó que «nuestro trabajo ha sido defender los intereses y derechos de las familias, poniendo las víctimas en el centro. Eso nos ha llevado a denunciar la existencia de la tortura en la investigación inicial que llevó a la 'verdad histórica', que paradójicamente es la que hoy respalda el Presidente de la República con sus dichos».
Entre los muchos familiares enojados y decepcionados del gobierno, que como un mantra repite la consigna vacía de "ya no es el de antes", se encuentra Ana Enamorado, una madre hondureña de la Red Regional de Familias Migrantes que lleva 14 años buscando a su hijo Oscar, entrevistada para Global Project sobre el tema.
Hace unos días, durante la habitual mañanera, el presidente López Obrador presentó los datos sobre desapariciones forzadas en México, donde de inmediato destaca la cifra según la cual actualmente solo hay 12377 personas desaparecidas. Datos que no dan la dimensión real de la realidad y son cuestionados por organizaciones de derechos humanos. ¿Puede explicar el motivo de la disputa?
«Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le queda menos de un año en el gobierno y en el tema de los derechos humanos, particularmente en el caso de los desaparecidos, ha decepcionado. Hace unos meses, pidió la renuncia de la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana. De acuerdo con la propia excomisionada, la razón es porque AMLO no estuvo de acuerdo con las cifras que figuraban en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Desaparecidas (RNPDNO) y por lo tanto impuso un nuevo jefe sin consultar a familiares, organizaciones acompañantes o grupos de víctimas.
Esta decisión ha causado indignación y preocupación entre las familias, entre otras cosas porque varias organizaciones han pedido la restauración sin ser escuchadas. En este contexto, el Gobierno presentó los avances de la búsqueda y localización de personas desaparecidas mediante la presentación de un cuadro con datos diferentes a los publicados en el registro. Esto ha causado aún más incertidumbre, indignación y preocupación en las familias, porque no hay transparencia.
En primer lugar, porque la institución que está haciendo este trabajo de investigación no tiene la experiencia para hacerlo, es por eso que se han creado comisiones de investigación tanto nacionales como estatales sobre la base de la Ley General de Víctimas que ha sido una lucha de familias. Además, no aceptamos medias verdades, tenemos más de 113 mil personas desaparecidas según datos oficiales pero la realidad puede ser hasta tres veces más porque la mayoría de los familiares no denuncian por diversos motivos. Además, el país vive una crisis forense de terror, los SEMEFOS (Servicios Médicos Forenses) están desbordados de cadáveres no identificados, según el registro oficial hay más de 52 mil cuerpos que están abandonados por el Estado y no sabemos si los nuestros también están ahí».
Durante la mañanera, el mandatario también atacó duramente a las organizaciones de derechos humanos que apoyan a los familiares en las búsquedas, en particular al Centro Prodh que también atendió a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Por qué el gobierno ataca a estas organizaciones y a los activistas, o familiares, de las personas desaparecidas?
«Es evidente que el gobierno se siente incómodo con el trabajo que hacen organizaciones como el Centro Prodh, porque no se callan, porque hacen público lo que está mal. El papel del Centro Prodh es acompañar a las víctimas, capacitarlas y brindarles todo el apoyo necesario y estoy seguro de que estas acusaciones no impedirán que la organización siga acompañando, especialmente a los padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La preocupación del presidente, en cambio, es limpiar su imagen sin importar el dolor que cause, queriendo hacer desaparecer a los desaparecidos, reducir los números a toda costa, hay muchas contradicciones y lo único que generan son dudas».
Tu eres la madre de Oscar, un migrante hondureño que desapareció hace más de diez años en México. A partir de tu caso, ¿puede decirnos qué está haciendo realmente el gobierno para buscar a las miles de personas desaparecidas?
«Dentro de un mes se cumplirán 14 años de la desaparición de mi hijo Oscar Antonio López Enamorado. Oscar fue víctima de la violencia provocada por el presidente Felipe Calderón cuando declaró la guerra a las drogas; en 2012 vine a México a buscarlo y el presidente Enrique Peña Nieto acababa de asumir el cargo. Todo su mandato ha quitado la desaparición de mi hijo acompañada de una serie de violaciones a mis derechos humanos y a los de mi hijo, así como las omisiones.
En 2018, el señor Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia. Con él había un poco de esperanza, un día incluso me invitó a una asamblea junto con un grupo de madres y padres mexicanos, ese día tuve la oportunidad de acercarme a él y, con la foto de mi hijo en sus manos, me dijo, "todo se va a resolver, ya verás, todo va a cambiar".
Ahora entiendo cuál es el cambio al que se refería, que él también se va y nos deja aún más incertidumbre. ¿Quiénes van a desaparecer de la RNPDNO? ¿Quiénes se incluirán en la base de datos? ¿Los migrantes por qué son los más vulnerables? ¿Y por qué siempre han sido invisibles? ¿O personas de comunidades indígenas? Deja una gran deuda con las familias mexicanas y con las extranjeras.
Si quiere limpiar su imagen que nos resuelva todas estas dudas que ha generado y que localicen a nuestros seres amados, así como también evitar que siga sucediendo, le queda menos de un año para resolver y que no sea uno más que se lleva con los pies a nuestros seres queridos desaparecidos».
La reacción de los familiares de los desaparecidos ante el informe del gobierno no se hizo esperar: entre las primeras en hablar estuvo Cecilia Flores del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien reiteró el concepto: «No estoy de acuerdo con las estadísticas presentadas por el Presidente porque ocultan las cifras de desaparecidos [...]. Ninguno de los que estamos visibilizando el problema de los desaparecidos hubiera querido tenerlo, el Presidente debería ponerse en nuestros zapatos por un segundo para entender la magnitud del problema».
En los días siguientes, una movilización de familiares y colectivos de todo el país salió a las calles de la capital exigiendo una disculpa pública y el derecho de réplica. La red de colectivos emitió entonces un comunicado conjunto en redes sociales en el que exigen al Gobierno que continúe la búsqueda de más de 110.000 personas desaparecidas, denunciando la falta de transparencia en las cifras presentadas.
La Red Regional de Familias Migrantes, de la que forma parte Ana Enamorado, también emitió un comunicado en el que recordó que para los migrantes «la actual crisis que embarga a la Comisión Nacional de Búsqueda y la falta de transparencia en el nuevo censo de personas desaparecidas, marcado por las omisiones y la opacidad, se traduce en una doble vulnerabilidad sobre las personas migrantes, al enfrentar la falta de apoyo de los países de origen y la discriminación y obstaculización de las instituciones en México para localizar a nuestros seres queridos».
«Ya no es el de antes», repite incansablemente el Presidente. Y, sin embargo, entre la violencia imparable e incontrolable, entre proyectos extractivos dignos de la peor derecha latinoamericana, entre el papel cada vez más fuerte y central del ejército en la vida política, entre los ataques a cualquiera que se le oponga desde la izquierda, su gobierno vira cada vez más hacia la derecha, evaporando las ilusiones de la llamada "cuarta transformación" y los sueños de obtener verdad y justicia para las miles de personas que han desaparecido bajo los ojos de un Estado ausente y cómplice.
Tratto da Global Project